Costas de las reclamaciones en vía económico-administrativa

A partir del 1 de enero 2018, la administración tributaria puede imponer la obligación de los gastos derivados del proceso en vía económico-administrativa a los ciudadanos que interpongan ante ella una reclamación.

La novedad vino establecida en el BOE del 30 de diciembre, donde se publicó el Real Decreto 1073/2017 de 29 de diciembre sobre procedimientos de gestión e inspección tributaria y otros aspectos relativos. El apartado 11 de su artículo único, modifica el contenido del art. 51, sobre costas del procedimiento, del Reglamento General Tributario.

En la norma se matiza que las costas serán aplicadas al administrado que recurra las liquidaciones que la administración tributaria le liquide, si se prueba la temeridad. Además, la imposición de costas es no recurrible por el ciudadano.

El importe de costas se ha fijado en el 2% de la cantidad reclamada ante Hacienda, aunque matizando un mínimo de 150 euros para recursos resueltos por órgano unipersonal y de 500 si el que intercede es un órgano colegiado.

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